Miles de familias de Florencio Varela aún conservan el comprobante de inscripción a un plan de viviendas iniciado en 2004. Veinte años después, entre el crecimiento demográfico, el retiro de las políticas públicas de hábitat y la opacidad de un sistema que nunca dio respuestas, el derecho a la vivienda permanece suspendido. ¿Cuántas generaciones más deberán esperar para que una promesa deje de ser apenas un papel?
Un haz de luz oblicua corta la penumbra y muere sobre un mueble de madera. Allí descansa, como un náufrago, un papel ajado. Es de un color mantequilla rancia, salpicado por pecas de tiempo y cicatrices de humedad. El borde derecho está desgarrado, como si los años de descuido hubieran empezado a devorarlo. En el centro, con la claridad de una sentencia, una pluma grabó seis cifras: 002067. A su lado, la fecha funciona como un ancla en un tiempo que parece detenido: 17-06-2004.
Claudia Alfaro sostiene ese folio como quien guarda una reliquia o una prueba de vida. El sello circular de la Municipalidad de Florencio Varela y la leyenda “Programa Federal de Emergencia Habitacional” prometían, hace veinte años, una salida que nunca llegó. En Varela, la emergencia no es un estado transitorio; es una condición estructural que se hereda.
La caligrafía del desamparo
La historia de Claudia no es una excepción, es el pulso de un territorio donde el tiempo se mide en décadas de espera y no en meses de obra. Andrea Elizabeth Orellano cuenta que se anotó cuando nació su hija; hoy la joven tiene 32 años y la respuesta sigue siendo el silencio. Nanci Santillán, madre de diez hijos, lleva 23 años esperando y ya soltó la esperanza: «Alquilo desde entonces», dice, resumiendo una economía familiar desangrada por rentas imposibles.
Florencio Varela es un caso paradigmático del periurbano sur. Su población aumentó un 14,6% entre 2010 y 2022, una presión humana que desborda cualquier planificación. Mientras la región crece por fuera de sus límites históricos, el acceso al suelo se vuelve una carrera de obstáculos entre el mercado informal y alquileres que consumen sueldos que nunca alcanzan.
El mapa de la precariedad dibuja anillos concéntricos. En el centro, San Juan Bautista exhibe departamentos y bajos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Pero a medida que se avanza hacia la periferia, hacia La Capilla o Ingeniero Allan, el NBI trepa hasta superar el 20%. Allí, donde el asfalto es un recuerdo, las casillas se multiplican y la vivienda adecuada es un derecho suspendido.
El Estado que se retira
El laberinto institucional tiene nombre propio: Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA). El sistema es claro en los papeles: no son casas regaladas, sino financiadas por un esquema de cuotas que debería alimentar nuevas construcciones. Sin embargo, entre la normativa y el barro, se abre una grieta. El Decreto 2448/2025 establece requisitos estrictos, como demostrar capacidad de pago, algo que se vuelve una barrera infranqueable para quienes, paradójicamente, están en situación de mayor vulnerabilidad, como madres solas o familias con hijos con discapacidad.
El contexto nacional terminó de asfixiar las expectativas locales. En febrero de 2025, la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda dejó a los municipios solos frente a una demanda voraz y presupuestos raquíticos. «Las chicas ya no saben qué decirte», relata Sara González sobre las trabajadoras municipales que atienden a quienes, como ella, llevan 16 años de idas y vueltas por oficinas.
Esta orfandad estatal alimenta la desconfianza. En las filas y en las redes sociales, el rumor de los «acomodados» y el favoritismo político es un eco constante. Aunque no existan sentencias judiciales firmes, la falta de listados públicos transparentes y de criterios claros de adjudicación hace que cada entrega de llaves sea vista bajo la sospecha de la arbitrariedad.
El sueño que nace en el barro
Frente al silencio administrativo, la respuesta histórica ha sido la ocupación. Barrios como Triángulo Don José, Malvinas o la gran toma de 29 hectáreas en Luján y Villa Argentina son el testimonio de miles de familias que optaron por la acción colectiva ante la imposibilidad del mercado formal. El Consejo Comunitario de Tierra y Vivienda, creado en 2012 para canalizar estas tensiones, logró experiencias como el loteo social de Villa Brown, pero la escala del déficit estructural sigue siendo inabarcable.
Hoy, la crisis habitacional en Varela no se mide solo en ladrillos que faltan. Se mide en infancias que transcurrieron íntegras en viviendas precarias, en mujeres que sostienen solas el cuidado de hijos con discapacidad en casas alquiladas «carísimas» y en la vigencia de esos folios amarillentos de 2004 que Claudia Alfaro aún conserva.
La espera es una forma de violencia lenta. Mientras el Estado ensaya campañas informativas sobre loteos legales, las familias siguen mirando las viviendas sin terminar, preguntándose en qué momento su número de inscripción dejará de ser una cifra en un papel ajado para convertirse en la cerradura de una puerta propia. Por ahora, el derecho a la vivienda en Varela sigue siendo eso: un papel que, de tanto guardarse, ha empezado a deshacerse entre los dedos.