Las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz ya superan los 40 días y continúan extendiéndose en distintos puntos de Bolivia. Hoy, miércoles, miles de trabajadores, campesinos, organizaciones indígenas, mineros y movimientos sociales volvieron a movilizarse en el centro de La Paz para reclamar la renuncia del mandatario. La jornada estuvo marcada por una fuerte represión policial, con el uso de gases lacrimógenos y enfrentamientos en inmediaciones de la plaza Murillo y otros puntos de la sede de gobierno. Todavía se desconoce número de heridos y detenidos. La policía detuvo a un dirigente de la Tupac Katari y manifestantes respondieron a los ataques con piedras, mientras que mineros lanzaron cargas de dinamitas.
Las movilizaciones se mantienen pese a la militarización de las calles, las detenciones de dirigentes sociales y la promulgación de una nueva ley que regula los estados de excepción, una herramienta que organizaciones sindicales y de derechos humanos consideran destinada a reforzar la capacidad represiva del Estado frente al creciente descontento popular.
Durante la jornada, columnas de manifestantes provenientes de distintos sectores lograron ingresar al centro paceño desafiando los cercos policiales. Según estimaciones hablan desde 40 mil manifestantes hasta 120 mil. La respuesta de las fuerzas de seguridad incluyó una intensa gasificación de las marchas y operativos para impedir el avance de los manifestantes hacia edificios gubernamentales. Organizaciones sociales denunciaron personas heridas y nuevas detenciones durante los enfrentamientos.
La construcción del «narcoterrorismo» como argumento represivo
Mientras las protestas continúan creciendo, el gobierno intensificó una estrategia política y mediática destinada a vincular las movilizaciones con supuestas organizaciones criminales. En los últimos días, Rodrigo Paz insistió en reiteradas ocasiones en que detrás de las protestas existirían estructuras ligadas al narcotráfico y al «narcoterrorismo», una acusación rechazada por las organizaciones movilizadas.
Para sindicatos, federaciones campesinas y organizaciones populares, estas declaraciones buscan construir un enemigo interno que permita justificar la represión, las detenciones y el endurecimiento de las medidas de seguridad. La narrativa oficial aparece además en un contexto donde el gobierno enfrenta crecientes cuestionamientos por la crisis económica, el aumento de los conflictos sociales y la pérdida de apoyo político.
Detenciones y persecución contra dirigentes
La ofensiva estatal también se expresa en la persecución de referentes sindicales, campesinos e indígenas. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Vicente Salazar Limachi, secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpaj Katari, quien fue detenido durante la represión desarrollada en el centro paceño.
Tras recuperar su libertad, Salazar denunció haber sido golpeado y gasificado por efectivos policiales. Además, aseguró que durante su arresto le fue arrebatado su chicote de mando, símbolo de autoridad de las naciones y pueblos indígenas originarios. El dirigente sostuvo que la medida buscó intimidar a las organizaciones campesinas y frenar las movilizaciones, aunque afirmó que la presión de las bases logró su liberación y fortaleció la unidad de los sectores movilizados.
«Quisieron amedrentarnos, pero las organizaciones han salido más fortalecidas», expresó tras abandonar la dependencia policial.
Su detención se suma a la aprehensión de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de otros referentes sociales que participaron de las protestas. Organizaciones sindicales denuncian que el gobierno busca descabezar las movilizaciones mediante procesos judiciales, arrestos selectivos y una creciente criminalización de la protesta social.
Crisis dentro del gobierno
La conflictividad en las calles coincide con una crisis política cada vez más visible dentro del propio oficialismo. Durante las últimas semanas se profundizaron las diferencias en el gobierno y se produjeron renuncias, alejamientos y cuestionamientos de funcionarios y legisladores que expresaron su desacuerdo con la orientación adoptada por el Ejecutivo.
Las fracturas internas reflejan las dificultades de Rodrigo Paz para contener una crisis que ya no se limita a las movilizaciones callejeras. La pérdida de apoyos en sectores políticos que hasta hace poco acompañaban al gobierno se combina con el creciente rechazo social a las políticas represivas impulsadas desde el Ejecutivo.
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