En una sesión extraordinaria breve y sin despacho de comisión, el Concejo Deliberante avaló el Decreto 40/26 que declara el estado de emergencia del servicio de transporte de pasajeros de jurisdicción municipal. El tratamiento “sobre tablas” fue aprobado por unanimidad, en un contexto local atravesado por la centralidad del derecho a la movilidad.
Con la presencia de la totalidad de los concejales y concejalas —24 en total— el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Florencio Varela dio inicio a una sesión extraordinaria convocada específicamente para tratar un único punto del orden del día: la convalidación del Decreto 40/26, que declara el estado de emergencia del servicio público de transporte de pasajeros de jurisdicción comunal en el partido.
La urgencia y el interés público de la convocatoria fueron puestos a consideración al inicio de la sesión y resultaron aprobados por unanimidad, habilitando el tratamiento del expediente 29.658. Tal como explicó el presidente del cuerpo, Gustavo Rearte, se trató de un expediente ingresado sin despacho de comisión, motivo por el cual se resolvió su abordaje “sobre tablas”.
Rearte precisó, además, el alcance del debate: la votación se circunscribía a la convalidación del decreto en su conjunto, sin abrir discusión específica sobre el último párrafo del texto, respecto del cual —según señaló— existirían diferencias de posicionamiento político. Con ese encuadre, el cuerpo se constituyó en comisión y emitió despacho favorable, que luego fue ratificado en sesión general y en particular, también por unanimidad.
Sin otros temas en agenda, la sesión fue levantada minutos después de la aprobación.
Contexto y antecedentes
La declaración de emergencia en el transporte público comunal se inscribe en un escenario sensible para la vida cotidiana del distrito. En el conurbano bonaerense, el transporte es un servicio esencial que condiciona el acceso al trabajo, la educación, la salud y las tareas de cuidado, que recaen de manera desproporcionada sobre mujeres y diversidades. En ese marco, las decisiones institucionales vinculadas a la movilidad adquieren una dimensión de derechos humanos que excede lo administrativo.
Si bien el contenido específico y los alcances operativos del Decreto 40/26 no fueron detallados durante la alocución en el recinto, la convalidación legislativa otorga respaldo político e institucional a una medida del Departamento Ejecutivo que, por su carácter excepcional, requiere control democrático. Cualquier evaluación sobre su impacto concreto dependerá de la implementación posterior y de la información pública que se brinde al respecto.
La unanimidad de las votaciones —tanto para declarar la urgencia como para convalidar el decreto— marcó un consenso transversal en torno a la necesidad de dar una respuesta institucional inmediata al tema.
El propio Rearte subrayó el acuerdo alcanzado en la labor parlamentaria para habilitar el tratamiento excepcional del expediente, un dato relevante en términos de funcionamiento interno del cuerpo deliberativo.
Finalmente…
La sesión extraordinaria del HCD dejó una señal política clara: frente a una situación definida como de emergencia, el Concejo optó por priorizar la celeridad y el respaldo institucional. Ese consenso, sin embargo, no exime de la obligación de transparencia ni del seguimiento posterior de la medida adoptada.
En un distrito donde el transporte condiciona derechos básicos y profundiza desigualdades preexistentes, la convalidación del Decreto 40/26 abre una etapa que demandará información pública, control legislativo y participación social. La emergencia, en términos democráticos, no debería suspender el debate, sino hacerlo más necesario.