A once años del primer Ni Una Menos, Florencio Varela exhibe una contradicción incómoda: mientras la conciencia social sobre las violencias de género creció como nunca antes, las respuestas institucionales siguen atrapadas entre la burocracia, la falta de presupuesto y una estructura estatal incapaz de llegar cuando una mujer necesita ayuda «fuera del horario de atención al público».
En Florencio Varela, el 3 de junio no es una efeméride para publicar placas violetas en redes sociales. Es una fecha atravesada por una pregunta incómoda: ¿qué hizo realmente el Estado local durante estos once años para proteger a las mujeres?
La respuesta no aparece en los discursos conmemorativos ni en las declaraciones institucionales. Surge, en cambio, de una revisión de los femicidios que marcaron al distrito, de las denuncias formuladas por organizaciones territoriales, de las discusiones dentro del Concejo Deliberante y de una realidad difícil de ocultar: a más de una década del primer Ni Una Menos, Florencio Varela sigue sin contar con una Secretaría de Género propia, presupuesto específico ni una estructura capaz de responder de manera integral a las violencias por motivos de género.
La historia local de este reclamo comenzó incluso antes de la histórica movilización del 3 de junio de 2015.
Cuatro días antes de aquella marcha que conmocionó al país tras el femicidio de Chiara Páez, el distrito amanecía con otro crimen brutal. Analía Machado, de 43 años, era asesinada a mazazos por su pareja frente a su hijo de 12 años.
Mientras miles de personas se preparaban para ocupar las plazas bajo la consigna Ni Una Menos, Florencio Varela sumaba su propio símbolo de una violencia que ya no podía seguir siendo considerada un asunto privado.
Once años después, los nombres de las víctimas continúan acumulándose en la memoria colectiva de los barrios: Micaela Elías, Denise Juárez, Sabrina Barrientos, Julia González, Karina Elizabeth Alonso, Clara Maciel, Nancy Pereyra, Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi,…
La pregunta es inevitable: ¿qué cambió en la estructura estatal local para evitar que estas historias se repitan?
El área que nunca fue prioridad
La principal crítica que atraviesa a organizaciones feministas, trabajadoras comunitarias, concejalas y referentes sociales apunta a una decisión política que se mantiene inalterable desde hace años: la negativa del Ejecutivo municipal a jerarquizar las políticas de género.
Mientras gran parte de los municipios del Conurbano avanzaron en la creación de secretarías específicas con presupuesto propio, Florencio Varela mantiene el área bajo la órbita de Desarrollo Social.
La diferencia no es semántica.
Una Dirección carece de autonomía presupuestaria, menor capacidad de decisión y menos herramientas para diseñar políticas públicas integrales.
Diversas organizaciones consultadas coinciden en que esta situación constituye uno de los principales obstáculos para abordar la problemática.
La discusión llegó incluso al recinto legislativo.
Durante una sesión del Concejo Deliberante, la concejala libertaria Marcela Ochs describió la situación con una dureza poco habitual.
«Todo esto me parece una farsa y una mentira, señor presidente. Me tiembla el cuerpo», expresó.
Y agregó:
«Cuando viene una chica, una señora o una abuela con situación de violencia, me encuentro con un vacío tan impresionante que no sabemos a dónde recurrir y qué hacer».
Su intervención expuso una realidad que atraviesa a quienes reciben consultas de mujeres en situación de riesgo.
«¿Dónde estamos nosotros cuando son las dos o tres de la mañana y una mujer no sabe qué hacer? ¿Dónde están las personas que tienen que estar?», preguntó.
Nadie respondió.
Purplewashing: cuando el discurso reemplaza a la política pública
Las críticas no se limitan a la falta de estructura.
En los últimos años comenzó a instalarse entre organizaciones sociales y referentes feministas un concepto incómodo para el oficialismo: purplewashing.
La expresión refiere a la utilización de discursos, campañas o simbología feminista para construir una imagen progresista sin que existan transformaciones materiales equivalentes.
En Florencio Varela los ejemplos abundan.
La aplicación formal de la Ley Micaela, las campañas institucionales durante fechas emblemáticas o la existencia de ordenanzas vinculadas a derechos de mujeres y diversidades conviven con denuncias sobre dispositivos saturados, escasez de profesionales y dificultades para acceder a asistencia psicológica, jurídica y económica.
El caso más emblemático es el de la Ordenanza de Cupo Laboral Travesti-Trans, sancionada en 2018.
Diversas organizaciones denuncian que su implementación continúa siendo parcial y que los niveles de cumplimiento están muy lejos de los objetivos planteados cuando fue aprobada.
La propia historia reciente del área refleja esas limitaciones.
En 2021, la entonces directora de Género, Noelia Pino, presentó su renuncia ante la falta de recursos para responder a una demanda creciente.
La salida de quien estaba al frente del área dejó expuestas las tensiones internas de una estructura que ya mostraba signos de agotamiento.
La violencia que no aparece en las estadísticas
Para quienes trabajan en territorio, el problema excede la violencia física.
Gabriela Lasso, exconcejala y referenta del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), advierte sobre una forma menos visible pero igual de destructiva.
«Las mujeres no solo sufren las violencias conocidas: física, psicológica o económica. También sufren una más oculta, pero devastadora: el abandono institucional».
La dirigente cuestiona especialmente las dificultades para acceder a tratamientos de salud mental.
«La salud mental está vetada en los hospitales públicos. El sistema está muy por debajo de lo que debería ser».
En los barrios populares, donde la precariedad económica profundiza todas las vulnerabilidades, esa ausencia adquiere consecuencias concretas.
Eva Galarza, referente de Voces de Mujeres y Diversidad, describe una realidad que pocas veces aparece en los informes oficiales.
«La violencia, en Varela, tiene casas y tiene caras que conocemos».
Para ella, el principal obstáculo sigue siendo la dependencia económica.
«La desigualdad es como una jaula. El desempleo, la informalidad y las tareas de cuidado no reconocidas vuelven casi imposible cortar con la violencia».
La violencia tampoco puede medirse únicamente por la cantidad de denuncias o expedientes. Detrás de cada caso existe una trama familiar, comunitaria y social que permanece atravesada por las consecuencias de la violencia machista.
Durante una de las sesiones del Concejo Deliberante, la concejala peronista Julieta Pereyra puso el foco precisamente en esa dimensión.
«Tenemos 247 personas menos acá. Tenemos 247 familias destruidas por la violencia sistemática que atravesamos», afirmó al referirse a las cifras nacionales de femicidios y su correlato en los barrios varelenses.
Para Julieta, el problema central es la distancia entre las declaraciones institucionales y la vida cotidiana de las mujeres: «Las políticas de género no pueden ser un eslogan; tienen que sentirse en la vida cotidiana».
La frase sintetiza uno de los cuestionamientos más repetidos por organizaciones sociales, trabajadoras comunitarias y referentes feministas del distrito: la percepción de que existe una importante producción discursiva en torno a la igualdad de género, pero una escasa capacidad estatal para transformar esas consignas en dispositivos concretos de prevención, asistencia y acompañamiento.
Cuando el Estado llega después del golpe
El triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi marcó un punto de inflexión.
Las tres adolescentes fueron asesinadas en un contexto atravesado por la vulnerabilidad social, el narcotráfico y la explotación sexual.
Para las organizaciones que acompañaron el caso, aquellas muertes pusieron al descubierto algo más profundo que un crimen.
Expusieron el fracaso de una red de protección que nunca logró llegar a tiempo.
«Fue un triple femicidio y no aceptamos discusión», sostuvo Mariana Rosales, integrante del Frente Antifascista, Transfeminista y Antirracista (FATA) de Florencio Varela.
«Adolescentes en situación de suma vulnerabilidad recurriendo a la prostitución como forma de sustento. Nos rompe el alma. Fueron usadas como objetos para demostrar poder».
La dirigente vincula directamente la expansión de estas violencias con el retroceso estatal.
«Donde el Estado no está, donde se lo desfinancia, donde se lo saca, avanza la vulnerabilidad y se apodera el narco».
El silencio institucional también mata
Las críticas tampoco se detienen en el Ejecutivo.
Durante 2025, la Comisión de Género y Diversidad del Concejo Deliberante permaneció varios meses sin sesionar.
La situación fue denunciada públicamente por organizaciones feministas y espacios políticos que reclamaban el tratamiento de proyectos vinculados a prevención, asistencia y protección.
Lorena Zárate, referenta del Nuevo Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS) definió aquella parálisis como otra forma de violencia institucional.
«La Comisión de Género también es una forma de violencia cuando deja de funcionar, porque niega el debate, la escucha y la acción que nuestra comunidad necesita con urgencia».
Su conclusión resume gran parte del reclamo que atraviesa al movimiento de mujeres local.
«La igualdad no es un discurso sino un presupuesto».
Once años después
A once años del primer Ni Una Menos, la principal red de contención en Florencio Varela sigue siendo la organización comunitaria.
Son las mujeres de los comedores, las promotoras territoriales, las integrantes de la Mesa Local de Género y las organizaciones barriales quienes sostienen gran parte del acompañamiento cotidiano.
Una de ellas lo sintetizó durante una exposición pública.
«Yo suelo no utilizar la palabra ‘buenos días’, porque cada vez que agarro el teléfono me llama una mujer por una situación. Se dice: ‘Hola, ¿qué necesitás?'».
Mientras el Municipio continúa rechazando la creación de una Secretaría de Género con presupuesto propio, las demandas se acumulan.
Equipos interdisciplinarios descentralizados, guardias permanentes para emergencias, fortalecimiento de la asistencia psicológica y jurídica, cumplimiento efectivo de las ordenanzas vigentes y mecanismos transparentes de rendición de cuentas aparecen entre los principales reclamos.
A once años del primer Ni Una Menos, el debate en Florencio Varela parece haber abandonado la etapa de las declaraciones de principios. Las organizaciones ya no reclaman únicamente reconocimiento simbólico; exigen recursos, estructura y capacidad de respuesta.
En ese sentido, la advertencia de Julieta Pereyra funciona como síntesis del momento actual: «Las políticas de género no pueden ser un eslogan; tienen que sentirse en la vida cotidiana».
La distancia entre ambas dimensiones —el discurso y la realidad— es, quizás, la medida más precisa de la deuda que el Estado local mantiene con las mujeres varelenses.
Porque en Florencio Varela las organizaciones ya no discuten discursos.
Discuten presupuestos.
Y allí es donde, según denuncian, la deuda sigue intacta.