Sobrevivió a una violación grupal, pero no al peso de los años de revictimización, amenazas y abandono institucional. A más de cuatro años de su muerte, su caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda para la Justicia argentina: ¿cuántas mujeres llegan al suicidio porque el Estado fue incapaz de protegerlas de la violencia machista?
A Paula Martínez la mataron dos veces.
La primera fue el 10 de diciembre de 2016, cuando denunció haber sido drogada con escopolamina, secuestrada y violada por varios hombres durante una fiesta en Florencio Varela. La segunda ocurrió durante los cinco años que siguieron: en los pasillos judiciales, en las amenazas, en el hostigamiento, en la exposición pública y en la obligación permanente de demostrar que decía la verdad.
El 26 de diciembre de 2021, a los 23 años, Paula fue encontrada muerta en su casa. Se había quitado la vida.
La Justicia registró un suicidio. Su madre, Sandra Zapata, denuncia algo más profundo: un suicidio feminicida.
Una diferencia que no es semántica
Aunque suelen utilizarse como sinónimos, femicidio y feminicidio no significan exactamente lo mismo.
El femicidio refiere al asesinato de una mujer por razones de género. El foco está puesto en el agresor que ejerce la violencia letal.
El feminicidio, en cambio, amplía la mirada. Además del crimen, pone el foco sobre las responsabilidades institucionales. Se pregunta qué hizo —o dejó de hacer— el Estado para prevenir esa muerte. Analiza las omisiones, la impunidad, la falta de protección y las fallas de los sistemas judiciales y de seguridad.
Los suicidios feminicidas nacen precisamente de esa perspectiva.
Son las muertes autoinfligidas de mujeres e identidades feminizadas que ocurren como consecuencia de violencias de género sistemáticas, abuso de poder crónico, persecuciones, amenazas, explotación sexual, revictimización o abandono institucional. No se trata de negar la existencia del acto suicida, sino de preguntarse qué condiciones sociales, culturales e institucionales empujaron a esa persona hasta ese límite.
La pregunta es incómoda porque desplaza el foco del último instante y obliga a observar todo lo que ocurrió antes.
Cuando la violencia sigue actuando
En América Latina, algunos países comenzaron a reconocer esta problemática.
El Salvador fue el primero en incorporar la figura del suicidio feminicida a su legislación en 2012. Luego avanzaron Venezuela, Bolivia, Panamá, Chile y Brasil.
Argentina todavía no cuenta con una figura específica.
Por eso, cuando una mujer que atravesó violencia de género termina quitándose la vida, la investigación suele concentrarse en el hecho aislado y no necesariamente en el entramado de violencias que pudieron haberla conducido hasta allí.
La historia de Paula Martínez aparece como uno de los ejemplos más emblemáticos de ese debate.
Porque antes de morir había denunciado una violación grupal.
Porque había identificado a sus agresores.
Porque había encabezado movilizaciones reclamando justicia.
Porque había denunciado amenazas y hostigamientos.
Porque convivió durante años con el trauma del abuso y con un proceso judicial que parecía no terminar nunca.
Y porque finalmente fue encontrada sin vida antes de escuchar las condenas contra la mayoría de los acusados.
La violencia después de la violencia
La violación denunciada por Paula se convirtió en una causa emblemática en Florencio Varela.
Durante años sostuvo su acusación frente a la Justicia y frente a una comunidad atravesada por presiones, rumores y operaciones destinadas a desacreditarla.
Mientras intentaba reconstruir su vida, debía enfrentar audiencias, pericias, declaraciones públicas y una exposición permanente.
Cada instancia judicial implicaba volver a narrar el horror.
Cada demora se transformaba en una nueva forma de desgaste.
Cada obstáculo reforzaba la sensación de desprotección.
El proceso avanzó lentamente hasta que, en 2022, cuatro hombres fueron condenados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.
Diego Gabriel Domínguez recibió una pena de 20 años de prisión debido a que era integrante de la Guardia Comunal de Florencio Varela al momento de los hechos. Gonzalo Daniel Sandoval, Gustavo David Carbonel y Guillermo Adrián Chávez fueron condenados a 19 años.
Pero para entonces Paula ya había muerto.
¿Quién responde cuando una víctima se queda sola?
El caso de Paula interpela mucho más que una investigación penal.
Obliga a preguntarse qué ocurre cuando una mujer denuncia una violación, sobrevive al ataque, pide ayuda durante años, enfrenta amenazas, atraviesa procesos de revictimización y finalmente termina quitándose la vida.
Obliga a preguntarse dónde estuvieron las instituciones.
Qué mecanismos de protección existieron.
Qué respuestas recibió.
Y si realmente alcanzan las condenas cuando la víctima ya no está viva para conocerlas.
Sandra Zapata lleva años intentando que esas preguntas no desaparezcan debajo de los expedientes.
Por eso insiste en hablar de suicidio feminicida.
Porque entiende que la muerte de su hija no puede analizarse aislada de la violencia que sufrió.
Porque la violación fue el comienzo de una cadena de hechos que nunca logró detenerse.
Porque las amenazas, el hostigamiento y el desgaste emocional formaron parte de la misma historia.
Y porque, mientras Argentina continúa sin reconocer legalmente esta figura, el caso de Paula Martínez sigue interpelando a la Justicia y al Estado: si una mujer denuncia, pide ayuda, soporta años de violencia y termina quitándose la vida, ¿cuánta responsabilidad colectiva estamos dispuestos a asumir por esa muerte?