El asesinato de Noelia Carolina Romero, ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Lomas de Zamora, no es solo un nuevo número en las desgarradoras estadísticas de violencia en la provincia de Buenos Aires. Es, ante todo, un caso que expone de manera obscena las fallas sistémicas, la falta de protocolos de emergencia con perspectiva de género y una negligencia institucional que priorizó la «autorización judicial» y la propiedad privada por sobre la vida de una mujer que llegó a pedir auxilio de manera explícita. La demora no fue por falta de medios, sino por falta de determinación política y judicial.
Noelia logró lo que muchas personas en situación de cautiverio no pueden: acceder a un teléfono y alertar a la línea de emergencias 911. «¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!», fue su denuncia contundente. Sin embargo, la respuesta estatal ante un escenario de privación de la libertad y riesgo de vida inminente fue la de una pasividad burocrática alarmante.
Cuando los efectivos de la comisaría 3ª de Lomas de Zamora llegaron a la vivienda de la calle Lavalle al 1700, escucharon gritos de auxilio. No obstante, la intervención se detuvo ante la palabra del agresor. Tomás Adrián Núñez (39), desde el otro lado de la puerta, aseguró que «estaba todo bien» y se negó a salir.
En una clara muestra de falta de formación en dinámicas de poder y violencia doméstica, la policía tomó como válida la voz de la víctima cuando esta, bajo evidente coacción y desde el interior de su cautiverio, dijo encontrarse «bien» pero aclaró que no podía salir. En lugar de actuar bajo un protocolo de rescate ante una toma de rehenes ya denunciada, las fuerzas de seguridad decidieron «negociar» durante varias horas y aguardar una autorización judicial para ingresar.
Negligencia y retroceso: los minutos que costaron una vida
El análisis del accionar policial revela puntos críticos que rozan el abandono de persona. Según consta en los registros, durante el operativo, los uniformados intentaron acceder por los techos pero, al escuchar «gritos de repudio» por parte de Núñez, decidieron retroceder. Este repliegue de la fuerza pública ante la hostilidad del agresor, mientras una mujer denunciaba estar secuestrada, constituye una falla gravísima en la preservación del bien jurídico más alto: la vida.
Desde una lectura técnica del Derecho Procesal Penal, el escenario descripto por las fuentes (gritos, denuncia previa de secuestro y negativa de salida) configuraba un estado de flagrancia y peligro inminente para la vida que facultaba el ingreso inmediato. No obstante, los agentes optaron por: Negociar durante horas con un agresor armado con una cuchilla de cocina, aguardar una autorización judicial de la UFI 17, priorizando el resguardo del domicilio por sobre la integridad física de la mujer, retroceder en un intento de ingreso por los techos tras escuchar «gritos de repudio» del imputado, lo que dejó a la víctima en un estado de indefensión absoluta ante su victimario.
Finalmente, el ingreso a la propiedad se produjo cuando ya era tarde. Noelia fue hallada sin vida en una habitación, con múltiples heridas de arma blanca en el tórax, la espalda y el cuello, provocadas con una cuchilla de cocina. El Estado entró a la casa con una llave entregada por un familiar del agresor, confirmando que la demora no fue por falta de medios, sino por falta de determinación política y judicial para intervenir en el ámbito privado.
Un sistema que desprotege en el lugar más peligroso
El femicidio de Noelia se inscribe en un contexto de desprotección estructural. Las cifras del Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano» son elocuentes:
- Entre enero y abril de 2026 se registraron 87 víctimas de femicidio en Argentina.
- La provincia de Buenos Aires encabeza la lista con 26 casos en lo que va del año.
- 29 de estos crímenes ocurrieron en viviendas compartidas, reafirmando que el hogar es, para muchas mujeres, el territorio de mayor vulnerabilidad.
La causa ha sido caratulada como «homicidio agravado por el vínculo» y se encuentra bajo la órbita de la UFI 17 de Lomas de Zamora. Sin embargo, la Justicia penal llega una vez consumado el hecho. Lo que este caso pone en evidencia es la ausencia de una Justicia preventiva y de Fuerzas de Seguridad capaces de romper con la lógica de la «no intervención» en los conflictos de pareja, incluso cuando hay una denuncia de secuestro de por medio.
La deuda del «Ni Una Menos»
Mientras el colectivo Ni Una Menos convoca a una nueva marcha este miércoles bajo la consigna de que «la bronca la llevamos a las calles» ante la falta de políticas de prevención, el caso de Temperley queda como un testimonio brutal de la impunidad.
El agresor, Núñez, tras asesinar a Noelia, intentó quitarse la vida con cortes superficiales, una conducta recurrente en femicidas que buscan desviar la atención hacia su propio estado de salud. Mientras él se recupera bajo custodia en el Hospital Gandulfo, la sociedad se pregunta cuántas llamadas más al 911 deben ocurrir para que el sistema deje de ser un espectador burocrático de los asesinatos anunciados.