Qué alternativas hay hoy en Argentina para denunciar discriminación tras el cierre del INADI.
“¿Sos idiota? Vas a contagiar a alguien”, le dijo la médica de su obra social a B. Elle es una persona VIH+ y acudió a la guardia por un dolor de panza. La médica le empezó a preguntar por sus prácticas sexuales. No importó que elle le explicara que al ser una persona VIH+ indetectable no transmitiría el virus. La profesional de la salud le dijo que “eso es todo una mentira de la OMS”. En shock y sin respuesta a consulta inicial, B radicó una queja en su obra social, pero la pregunta que le vino al instante fue que más podía hacer.
Desde el cierre del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) por decreto 696/2924 la única alternativa ahora es la judicial.
Quienes sufran una situación de discriminación pueden recurrir a un juicio patrimonial apoyándose en la Ley Nacional 23.592. Esta normativa, sancionada en 1988, obliga “a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”.
“Con este juicio tenés que pagar abogades, tasas judiciales y debés probar que no sólo el hecho sino que la motivación o el pretexto fue discriminatorio. Esto es muy difícil de probar, lo que hace que haya muchas posibilidades de que pierdas el juicio y también pagar costas y abogade de la otra parte”, dijo a Presentes María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT).
Además, la ley contempla actos u omisiones discriminatorios por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. “Ningún pretexto de esta ley nacional incluye la diversidad sexual”, advirtió Rachid.
En CABA
En la Ciudad de Buenos Aires en 2015 se aprobó la ley contra la discriminación (N° 5.261) cuyo órgano de aplicación es la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos.
Esta área “recepciona denuncias ante casos de violencia y también tiene la tarea de trabajar en la prevención y en una pedagogía que incluya una perspectiva de género y de concientización y trabajo sobre las violencias hacia las personas LBGTIQ+”, explicó la legisladora porteña del Frente Patria Grande Victoria Freire. Aunque advirtió que “no está suficientemente difundido”.
Para ejemplificar esta falta de difusión, Rachid cuenta que el año pasado la Dirección recibió 63 denuncias, mientras en el mismo período la Defensoría LGBT recepcionó un promedio de 120 por mes. “Si no está el Ejecutivo desarrollando la política pública que establece esa misma ley, no sirve”, indicó.
Frente a este panorama, la legisladora Freire presentó el 6 de agosto pasado el proyecto de ley “Campaña contra la discriminación a personas LGBTIQ+”. La iniciativa se enmarca en “un contexto en el cual no solo existen y son recurrentes los discursos de odio, sino que se constituyen en prácticas con consecuencias dramáticas como fue el caso del triple lesbicidio que ocurrió en nuestra Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas el 6 de mayo de este año”, explicó Freire.
Herramientas a lo largo del país
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia expresó a través de un comunicado que “quien quiera hacer una denuncia debe realizarla ante la Justicia”.
Ante la consulta de este medio, el equipo de prensa del ministerio dijo que desde la cartera se encuentran “cerrando la estructura nueva” que absorberá al Inadi y que “la semana que viene” tendrán más precisiones. También confirmó que la línea de atención telefónica 168 de recepción de denuncias y asesoría frente a una vulneración de derechos se encuentra inhabilitada.
Las denuncias por discriminación se pueden hacer en comisarías o ante oficinas del Ministerio Público Fiscal.
En la Ciudad de Buenos Aires hay una Fiscalía especializada en Discriminación. Para denunciar se puede llamar al 0800 33 FISCAL, que atiende las 24 horas. También, se puede hacer una denuncia online, de manera presencial a las distintas unidades de orientación y denuncia, o desde la aplicación “Denuncias MPF”.
A partir del artículo 70 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires quienes ejerzan un acto de discriminación pueden llegar a recibir una sanción de 2 a 10 días de trabajo de utilidad pública o entre 158 y 793 “unidades fijas de multa”. Nuevamente, si pensamos en el caso de B con el que comenzamos esta nota la única opción que parece tener es la de un juicio que en estas condiciones puede ser muy difícil de ganar.
Otras entidades a las que se puede acudir son la Defensoría LGBT y el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones que trabajan la temática en distintas localidades y a nivel nacional.
En la provincia de Buenos Aires también se puede acudir a la Subsecretaría de Derechos Humanos si se trata de posibles vulneraciones a derechos humanos.
Un alternativa recomendada por el activismo son centros territoriales como los que existen en la provincia de Santa Fe, que dependen del Ministerio de Justicia provincial. Allí trabajan abogadxs formades en perspectiva de género. “Reciben todo tipo de denuncias y no es la policía. Son una muy buena opción. Generalmente se mantiene en la esfera de lo extrajudicial, con una mediación. Si el hecho es grave ahí pasa a fiscalía y ahí interviene el poder judicial”, explicó a Presentes Mariana González Muñoz, presidenta de la asociación civil Vox que trabaja en Rosario por los derechos civiles de las personas LGBTIQ+ y la atención integral de quienes viven con VIH.
En el resto del país también se puede recurrir a la Defensoría del Pueblo de la Nación o a las distintas defensorías distritales, además de fiscalías o comisarías especializadas.
“Hoy tenemos estos recursos ante el desarme y desguace del Estado, ante los despidos y la eliminación por decreto de organismos que fueron conseguidos gracias a la lucha. Tenemos el trabajo y el recorrido de las organizaciones y de las militancias que históricamente trabajaron en pos de una sociedad más igualitaria. Es un sueño y una lucha ante la cual no vamos a bajar los brazos”, enfatizó Freire.
El lugar que tenía el Inadi
“Lo que la mayoría de las personas necesitan cuando vienen a denunciar es cesar la discriminación”, compartió Rachid. De esta forma, la intervención de un organismo nacional como el INADI, con el objetivo de que un fiscal se ponga en contacto con la persona o entidad denunciada muchas veces generaba una solución sin tener que llegar a instancias penales.
La posibilidad de intervención directa del Inadi “generaba cosas muy interesantes”, sostuvo Rachid. En este sentido recordó cuando el jugador de fútbol Bichi Fuertes durante un partido le dijo a otro jugador la palabra “mogólico” a modo de insulto. Luego de las denuncias por parte de organizaciones de personas y familias de personas con Síndrome de down, el jugador brindó una conferencia de prensa y realizó spots de concientización del daño que estas acciones pueden generar en otras personas. Todo esto sucedió, explica Rachid, no desde un tinte punitivista sino de construcción y diálogo entre todas las partes.
La intervención del INADI además otorgaba un dictamen que, si bien no era vinculante, constituía una herramienta más a la hora de llegar a una instancia legal. “Tenés más posibilidades de no perder el juicio. Con el dictamen mucha gente iba a la justicia para hacer cesar el hecho discriminatorio y tener su resarcimiento”, explicó Rachid.
“Funcionó sobre todo como una manera de poner en la mesa de discusión y en la vida política un problema muy grande que son los actos discriminatorios. Sin embargo hoy continúan los actos de violencias”, graficó González, presidenta de Vox.
Las personas que sufrieron actos de discriminaciónmuchas veces prefieren no denunciar. “Cuesta mucho enmarcar en una denuncia los casos de discriminación, tanto que las personas que vivimos con VIH elegimos no denunciar por miedo a la violencia que podamos recibir dentro de una comisaría”, explica desde la provincia de Corrientes Walter Hakanson, presidente de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivxs (RAJAP).
“INADI era un espacio seguro para las disidencias”, dice y cuenta que tanto en Corrientes como en Chaco ya no se están recibiendo denuncias en el organismo eliminado por el Gobierno. Agrega que “la burocracia y violencia institucional hace que las personas no quieran hacer la denuncia en una comisaría”.
En estos casos en que los espacios aún vigentes en lugar de recibir a denunciantes correctamente tienden a revictimizar es fundamental el trabajo de las organizaciones: “somos las que hacemos frente a la vulneración de derechos y acompañamos en todo ese proceso que es desgastante”, explica el presidente de RAJAP.
:::Agencia Presentes:::