Mientras en otras jurisdicciones la justicia le pone un «seguro de caución» a la muerte, Lorena Leiva enfrenta en Florencio Varela un laberinto de violencia institucional. En una Argentina donde la protección estatal se desmorona, la sobreviviente que fue quemada viva junto a sus hijos lucha contra un sistema que parece haber tasado la vida de las mujeres en 5 millones de pesos.
Lorena Leiva es una “victoria viva”. El 21 de agosto de 2024, en el barrio San Jorge, despertó en medio de una “casa maldita” envuelta en llamas. Su expareja, Brian S., había rociado la vivienda con nafta mientras ella y sus tres hijos dormían. Tras sobrevivir al “45% del cuerpo quemado” y “cuatro o cinco paros respiratorios”, Lorena no solo lucha contra las cicatrices físicas, sino contra un sistema judicial que parece más interesado en proteger a los verdugos que en abrazar a las víctimas.
El espejo de la impunidad: El caso Agostina Vega
La sombra de la liberación acecha el proceso de Lorena. Durante su intervención en el programa #CADAMAÑANA, el columnista Agus Saninovic denunció cómo el sistema judicial ya ha fallado a otras mujeres en la región. Saninovic recordó el caso de Agostina Vega, señalando que el fiscal Iván Rodríguez solicitó la liberación de su asesino, Barrelier, bajo una condición humillante para la memoria de la víctima: “Había pedido una una un seguro de caución de 5 millones de pesos ¿Qué es eso devuelve una víctima devuelve una vida ¿no”.
Para Lorena, este antecedente es una amenaza directa. Si la vida de Agostina fue tasada en 5 millones, ¿qué le impide a la justicia otorgar un beneficio similar al hombre que intentó convertirla en cenizas?. Brian S. se encuentra actualmente en “prisión preventiva”, pero Lorena sabe que las garantías son frágiles en un sistema que “contagia odio” y “viraliza odio” desde las más altas esferas del poder.
Un juicio bajo la lupa del desprecio
La violencia institucional que sufre Lorena quedó plasmada en las audiencias de su juicio. Leiva denunció que la jueza a cargo mostró una parcialidad alarmante, permitiendo que la familia del agresor estuviera “ahí adentro calentita” mientras su propia familia aguardaba afuera bajo la lluvia. Según relató Lorena, la magistrada “le ponía caras a cada uno de los testimonios… como ninguneando sus hechos sus dichos”.
Esta desprotección se extiende a las medidas de seguridad básicas. A pesar de que Brian S. la amenazó con que “sus hermanos se encargarían” de que ella no siguiera viviendo si él caía preso, la justicia le ha negado el botón antipánico bajo el argumento técnico de que “él ya está en prisión”. Mientras tanto, Lorena debe trabajar en la vía pública con el terror constante de ser blanco de una nueva agresión.
De AcompañAR a AbandonAR
El desamparo de Lorena es también económico y político. Mientras ella gasta fortunas en cremas como «Platsul A» o «Cicaplast B5» para evitar que su piel se contraiga y se abra, el Estado ha decidido retirarse. El programa AcompañAR, que debería ser su sostén, sufrió una “reducción del 98,6% en las altas” en el último año.
“No tengo asistencia de ningún tipo. Tengo miedo”, sentencia Lorena, quien hoy transforma su dolor en resiliencia cocinando para eventos, recuperando el «don» que su agresor intentó anularle durante seis años de violencia machista.
Conclusión: ¿Quién administra la justicia?
La historia de Lorena Leiva, narrada por Saninovic como un cuento de terror titulado «La Bella, la Bestia y la casa de fuego», no es ficción. Es la crónica de una mujer que caminó sobre el fuego para salvar a sus hijos y que hoy se encuentra con una justicia que “juega a ser deidad” pero solo administra injusticia.
Si el Poder Judicial continúa poniendo precio a la libertad de los feminicidas, como en el caso de Agostina Vega, la sentencia que hoy espera Lorena no será solo para Brian S., sino para el sistema mismo. “Las minas la verdad es que no queremos más contar ni cadáveres ni sobrevivientes”. El Estado debe decidir si seguirá siendo el que “contagia odio” o el que finalmente abraza la vida.